3175 Sala de Prensa, número 117, Gerardo Albarrán

•2 Julio 2009 • Dejar un comentario

Presentamos a ustedes el número 117 de SdP, con 11 nuevos textos que encontrarán de su interés.
Abrimos con una reflexión de Santiago O’Donnell (editor de la sección internacional del diario argentino Página/12 y colaborador de SdP) sobre la forma en que la sociedad global siguió las protestas callejeras que estallaron en Irán tras las elecciones del 12 de junio. No fueron ni CNN ni BBC ni cualquiera de los grandes diarios sino Twitter, Facebook, YouTube, Flickr y los blogs.

La académica mexicana Maricarmen Fernández Chapou (directora de la carrera de Periodismo y Medios de Información del ITESM, campus Ciudad de México, la primera colaboración para SdP) hace un repaso por la historia del nuevo periodismo en busca de su mejor definición, y alerta sobre la confusión que suele existir con el periodismo de denuncia, nueva no-ficción, periodismo personal, periodismo civil, periodismo existencial, periodismo inspirado, nuevo periodismo involucrado, periodismo literario, art journalism, essay-fiction, factual fiction, journalit (mezcla de journalism y literature), parajournalism, y un largo etcétera. Los nombres de Capote, Wolfe, Mailer, Wallraff, Kapuscinski, Fallaci y García Márquez, por citar a los más conocidos, salpican este fascinante recorrido.

Jenaro Villamil (reportero del semanario mexicano Proceso) expone a las “seis grandes hermanas” mediáticas que definen ahora la dinámica de la percepción global de nuestra realidad cotidiana. Ellas deciden lo que hay que ver, cómo entretenerse y cuál es la agenda noticiosa importante en todo el mundo: de Japón a China, de América Latina a África, de Medio Oriente a Europa oriental y, por supuesto, en los países más desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Australia y los de la Unión Europea) que constituyen 60% de su mercado.

Desde Coimbra, Portugal, Dinis Manuel Alves (director de la licenciatura en Comunicación Social del Instituto Superior Miguel Torga) nos plantea que los medios ya no se limitan al simple papel de difusores de las representaciones sociales existentes, sino que se han convertido en actores incontrastables de la vida pública.

Ana Mancera Rueda (investigadora en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Sevilla) aborda el origen y el estado en que se encuentra la teoría de los géneros periodísticos, actualmente cuestionada en España tanto por académicos como por profesionales. Los suyos son apuntes necesarios para desarrollar una nueva clasificación más abarcadora que permita dar cabida a los nuevos géneros discursivos surgidos en la última década.

Informar y sobrevivir en Ciudad Juárez, el lugar más peligroso en uno de los países más violentos de la actualidad, es el dilema de cientos de colegas que tienen que optar entre la temeridad y la autocensura, de acuerdo con la crónica de Mike O’Connor (representante en México del Committee to Protect Journalist).

Ahora que el periodismo ciudadano está cambiando profundamente la dinámica del periodismo tradicional, a través de los nuevos medios y las redes sociales, Luiz Weis (colaborador del Observatório da Imprensa y del diario O Estado de S.Paulo) reflexiona sobre los alcances y límites del periodismo tradicional, soportado por empresas de comunicación. “Por más que el modelo tradicional de prensa tenga que corregirse y adaptarse al cambiante mundo online”, todavía nada es capaz de reemplazarlo “como fuente de información que de alguna forma cambia el mundo”, dice, y ofrece como prueba un gran trabajo de periodismo de investigación que llevó siete años realizar: la primicia sobre el exterminio de la guerrilla de Araguaia, entre 1972 y 1975.

“Una de las tareas fundamentales de la prensa es controlar el poder, vigilar el poder, es denunciar aquello que está mal, es hacerse de la voz de los que no tiene voz para poderle hablar duro al poder”, razón por la que algunos gobiernos reaccionan identificando a los periodistas no como aliados, sino como enemigos, dice María Teresa Ronderos (presidenta de la Fundación para la Libertad de Prensa y es directora de semana.com de Colombia) en una entrevista que le hace Genaro Rodríguez Navarrete (egresado de la Maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García).

La comunicación antes de Colón es el título de un libro que acaba de editarse para cubrir un espacio no abordado hasta ahora por los estudios de la comunicación en América Latina: las formas de comunicación de los pueblos originarios que habitaron estas tierras antes del arribo de los españoles. Un aporte para pensar las formas comunicacionales de los pueblos originarios, según reseña de Washington Uranga (periodista del diario Página/12 y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA, en Buenos Aires).

Les ofrecemos el texto completo de la nueva Ley de Prensa en Uruguay, luego de que el Congreso de ese país aprobó la despenalización el delito de difamación en casos de interés público referido a funcionarios y eliminó cláusulas de desacato. El proyecto está ahora a consideración del presidente Tabaré Vázquez para su promulgación.

Más de 400 periodistas han sido forzados a marchar al exilio desde 2001, y 336 de ellos permanecen fuera de sus países de origen. Tan sólo entre el 1 de junio de 2008 y el 31 de mayo de 2009, otros 39 periodistas se exiliaron. Entre estos, un mexicano es el único caso latinoamericano, de acuerdo con un reporte especial del Committee to Protect Journalist.

Confiamos en que esta nueva entrega les sea útil.

Salud

Gerardo Albarrán de Alba
albarran@proceso.com.mx
Sala de Prensa: http://www.saladeprensa.org
SdP es un proyecto independiente, no lucrativo, realizado gracias a la colaboración de periodistas profesionales y académicos de 40 países de América, Europa y Asia. Nuestra principal meta es impulsar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información en la región, mediante la promoción de la ética, la investigación, la precisión y el uso de nuevas tecnologías en el ejercicio periodístico iberoamericano, así como la protección de los periodistas.
Visita mi fotoblog: http://saladeprensa.blogspot.com/

***111*** Este mensaje y cualquier documento adjunto pueden contener informacion confidencial y/o privilegiada destinada para el uso exclusivo de la persona a quien van dirigidos. Si usted recibe este mensaje por error, debe notificar al remitente y eliminar el original y/o las copias incluyendo documentos adjuntos. Queda estrictamente prohibido usar, distribuir o copiar total o parcialmente este mensaje sin autorizacion expresa. ***CISA 2009***

3174 México, Reporte Indigo Brainmedia, Edición Especial, PAN que parece PRI, 1 de julio de 2009

•2 Julio 2009 • Dejar un comentario

3173 Periodistas-es, noticias, periodismo, 2 de julio de 2009

•2 Julio 2009 • Dejar un comentario

3173 México, Reporte Indigo Brainmedia, Especial de Michael Jackson

•2 Julio 2009 • Dejar un comentario

3172 COHA Report, Guatemalan Democracy: Hanging on By its Fingernails, 2 de julio de 2009

•2 Julio 2009 • Dejar un comentario

In a country where an average of 17 murders are committed each day and 98 percent of criminal cases remain unsolved, the May 10, 2009 assassination of prominent Guatemalan lawyer, Rodrigo Rosenberg, could easily have been dismissed along with thousands of other ill-handled and heavily manipulated political murder investigations. Instead, the dramatic elements of a video recording shown at the attorney’s funeral, in which Rosenberg forewarns the viewers of his own death as a result of the alleged plotting of President Álvaro Colom, his wife Sandra Torres, and Colom’s chief of staff Gustavo Alejos, has brought Rosenberg’s murder to the height of national attention.

Revelations of the 2007 Presidential Election: Social Divisions and the Disloyal Opposition
In light of the recent sharp protests that erupted in the aftermath of the video’s release, the political divides of Guatemala’s economically and culturally conflicted society are even more obvious now than before the garish Rosenberg murder. The government bussed thousands of Colom’s supporters from the country’s rural area to the capital to counter the protests of equally large numbers of urban middle and upper class residents using the event as a wedge to call for Colom’s immediate resignation. While the prevalence of violence and corruption is a common matter of concern among Guatemala’s citizens, effective solutions to these problems are a point of persistent division and predictable ineffectuality. The counter protests in the days following Rosenberg’s funeral mainly stem from denouncements by the political factions, which had become even more manifest during Guatemala’s 2007 presidential election.

Guatemala’s ballot of that year was less a matter of determining the best candidate than the lesser of two evils. Otto Pérez Molina, the founder and candidate of the right wing Partido Patriota (PP), is a graduate of the School of the Americas. From 1992 to 1993 he murderously commanded Guatemala’s infamous army intelligence unit known as G-2, and also served as the head of the Presidential General Staff (EMP) of President Ramiro de León in 1994. Human rights groups have repeatedly implicated the D-2 and the EMP in political assassinations and massacres led by death-squads throughout Guatemala’s 36-year civil war that cost the country some 200,000 victims, particularly during the years of Molina’s command. Colom, the center-left candidate of Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), was investigated in 2004 for illegal transfers of government funds into accounts belonging to his political party. He eventually “found a check” and returned the $65,000, while managing to maintain his freedom at the same time that the authorities had imprisoned Controller General Oscar Dubón Palma. Since this incident, Colom has continued to face allegations of corruption as well as charges of using political influence to evade justice.

The campaigns of both candidates addressed the issues of violence, crime, and corruption that have plagued Guatemala since the signing of the 1996 Peace Accords. These agreements were supposed to end the longest civil war in Latin American history, but instead left the country with a fragile system of quasi-democracy, if that. Colom’s campaign, symbolized by a dove, promised increased spending on social programs, improvements in the country’s violence-prone security forces, and a review of the status of Guatemala’s notorious judiciary. Molina’s campaign, under the slogan “mano dura, cabeza y corazón,” (tough hand, head, and heart) predictably called for increasing the involvement of the military in domestic politics, reinstating the death penalty, and using the tough “mano dura” policy of the civil war era to solve Guatemala’s manifold security problems.

During his campaign, Molina established a sizeable base in Guatemala City, where rates of drug violence are so elevated that citizens prefer the risks of a “mano dura” approach to any alleged benefits introduced by the Colom administration. In contrast, most of Colom’s support during the election campaign came from poor, rural and indigenous voters and his plans to enact a tax increase pushed the country’s wealthy and business elite—who adamantly do not want to “hand their money over to a corrupt state”—even closer to the opposition. While the support of the rural poor was necessary for Colom’s victory, elements coming from low social and economic status that have been continuously marginalized, have had little influence beyond, episodically, the ballot box in a government that is easily and frequently bought over by the highest bidder. Rifts between the elite and the marginalized have provided a fertile habitat for the Rosenberg assassination and a long line of political killings to destabilize many of the country’s all-but failed political institutions.

Electoral Divides
The pervasive divisions in Guatemala’s civil society make underhanded maneuvering by the opposition an inevitable fact of life. Colom defeated Molina by a 5.5 percent margin in the second round run-off election, in which only 48.2 percent of the voters participated in comparison to 60.5 percent in the first round. Analysts have suggested that apart from being a case of voter fatigue, the low turnout was a result of the negative and often violent campaign tactics that have characterized this election cycle. More than 50 political activists and candidates from all parties were killed during the campaign, in which some voters claimed that the violence surrounding the election was sufficient to either scare them from casting their votes or to encourage them to withhold their votes in protest. If the violence emanating from both sides during the election was enough to deter such voters from participating, then perhaps it is sufficient evidence of the dangerously antagonistic atmosphere in which the administration and the opposition have existed. This might be enough to render a destabilization plot crafted by the opposition sufficiently plausible to begin explaining the Rosenberg assassination.

Of further significance are the backgrounds of radio and T.V. journalist Mario David García and former Guatemalan liaison to El Salvador’s rightwing extremist ARENA party, Luis Mendizábal. As the presidential candidate for the ultra-right Nationalist Authentic Central party (CAN), García lost the 1985 election to Vinicio Cerezo, Guatemala’s first civilian president since 1970. Cerezo proposed tax and minimum wage increases, much like Colom has done. García’s controversial television program “Here is the World,” was shut down after he was charged with being involved in an attempted coup on May 11, 1988. Twenty-one years later, Luis Mendizábal and Mario David García, reportedly close friends of Rosenberg, distributed video copies of Rosenberg’s accusations, which they had helped him record a week before his death.

In addition to its response to the Rosenberg case, the Colom administration has labeled this year’s surge in the murders of bus drivers as related to the destabilization plot spearheaded by the opposition. At first, such claims might seem far fetched and intended to perpetuate the twisted moves of Guatemala’s corrupt politicians and their rightist supporters, but with suspicious figures like García, Mendizábal, Molina, and even Colom purportedly involved in the affair, Guatemala’s history of corruption and violence is too appalling for anything, no matter how garish, to be simply dismissed.

What have you done for me lately?
Apart from viciously exacerbating divisions that already were being emphasized in the 2007 election, the Rosenberg case reiterates a raft of challenges being faced by the Colom administration and provides an opportunity to examine the successes and failures of his administration since its January 2007 inauguration.

Despite the potential pressure on the Colom administration to flirt with the idea of joining Molina’s iron-fisted campaign, many observers expected that as the country’s first genuinely left-leaning president since the 1954 CIA-backed coup of Jacobo Arbenz, Colom might want to take advantage of the public support associated with his 2007 campaign. In his 2007 essay, “Incoming Government: ‘Trojan Horse’ or ‘The Old Man and the Sea?’,” political analyst Matthew Creelman suggests that the Guatemalan political process, in focusing mainly on market control and prevention of political crises within areas directly under government influence, has led only to a superficial tranquility in previous administrations. The new administration, he maintained, should use the initial momentum afforded by the election to “gain entry to the sanctums of illicit power and attack its own corrupt supporters.” Creelman points out one of Colom’s most daunting challenges: although the president needed the support of corrupt individuals to be elected, he must work against these same officials to pursue constructive change once in office. If Colom were to act quickly, Creelman suggested, he could convince the population of his seriousness and honesty by 1) targeting and then removing corrupt permanent members of the bureaucracy and 2) establishing a “legal channel” in which uncorrupted judicial workers could prosecute a number of selected high-profile cases. The goal would be to flush out impurities from the system. Such a channel would be used to establish a government-led anti-corruption campaign as a social movement, strengthening the relationship between the government and its citizens and encouraging “corruption-compliant” media to follow suit.

In December 2008, Colom took important steps in line with recommendations like Creelman’s. As an effort towards eliminating political corruption and professionalizing Guatemala’s security policy, Colom replaced his Defense Minister, Interior Minister, Deputy Defense Minister, Deputy Chief of National Defense, and Inspector General of the Armed Forces. In March 2009, he established a presidential anti-impunity committee, created a panel to review and declassify military archives from the country’s bloody civil war, and strengthened the country’s police force with a U.S.-trained anti-drug body. Perhaps the most promising indicator of Guatemala’s new path under Colom was his pledge to renew the mandate of the UN-backed International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), which is due to expire in September 2009 upon the completion of a two-year period of service.

CICIG: Inherent Insufficiencies of Form and Function
The December 2006 agreement between the UN and the government of Guatemala on the establishment of CICIG lists ten factors that prompted the creation of the commission, including the government’s duty to protect its citizens and pursue its commitment to respecting human rights as required by the UN Charter. The most significant obligations involve the Comprehensive Agreement on Human Rights of March 22, 1994 and the Framework Law of the 1996 Peace Accords, which legally binds the state “to combat illegal security groups and clandestine security organizations.” The agreement also considers a March 13, 2003 political compact between the Minister of Foreign Affairs of Guatemala and the Human Rights Ombudsman to create a Commission to Investigate Illegal Groups and Clandestine Security Organizations operating in the country.

CICIG did not begin work until September 2007 due to a slow-moving and fractious Guatemalan Congress. The UN hoped CICIG would enjoy complete functional independence in discharging its mandate, but the Guatemalan Congress rejected the initial agreement involving the UN initiative on the grounds that it threatened Guatemala’s sovereignty and security. Ultimately, the UN decided in what was considered an “unprecedented approach,” that the commission would function as a complement to the State of Guatemala rather than as an independent tribunal, meaning CICIG investigates cases andpromotes prosecution but cannot prosecute or make decisions. Either ideally or practically, through this “assistance function,” CICIG strengthens the state institutions that are intended to fulfill judicial obligations.

The successes of CICIG have been slow in coming and lie predominantly in the commission’s policy recommendations concerning criminal procedure. At the end of March 2009, after an eight-year holdup had taken place due to the influence of security companies in the legislature, the Guatemalan Congress approved a reformed arms law proposed by CICIG. As of September 2009, the commission had submitted to Colom reforms for the Immunity Merit Procedures Act, the Code of Criminal Procedure, and the Organized Crime Act to become draft laws for Congress to act upon. Seven months later, Colom signed a national “security and justice” accord that incorporated a number of recommended reforms that came from the top.

Issued in September 2008, the UN’s first annual report on CICIG suggested that the adoption of these reforms would demonstrate the extent to which the commission could fulfill its mandate, but more importantly, “the extent to which justice [could] be expedited and impunity ended in Guatemala.” Yet, like the challenge of Congressional efficiency that CICIG faced in the battle for its initial establishment, the limited implementation of CICIG’s recommended reforms has revealed an inherent weakness of the commission in that “CICIG is forced to cooperate with the institutions it is tasked with investigating.”

CICIG’s failures stem from its mandate requiring cooperation between it and Guatemala’s judicial institutions. In March 2008, the commission became involved in a drug-trafficking case involving eleven fatalities in Zacapa, a city near the Honduran border. With the hope of achieving a high profile success for its criminal justice procedures, CICIG demanded that the case be tried in a court in the capital city. As of February 2009, the case had been transferred back to Zacapa more than four times. The Guatemala City daily El Periódico reported that the Acting Director of the Supreme Court of Justice, Eliu Higueros, admitted the reluctance of Guatemala City’s judges to take on the case.

Nearly a year after the Zacapa massacre, the commission faced what Director of CICIG Carlos Castresana called a “mockery” of justice in the case of former Attorney General Álvaro Matus. Matus led the investigation into the murder of Victor Rivera, an advisor to the Minister of the Interior, who was fired just two days before he was killed. At the time of his termination, Rivera was investigating the deaths of three Salvadoran legislators who were killed while on a visit to Guatemala. On February 3, 2009, Matus handed himself into authorities after CICIG reported to the press that the case “involved ‘an act of organized crime which has been concealed within the public prosecutor’s office.’” The layers of political corruption beginning with the murder of the Salvadoran legislators to the murder of Rivera to Matus’ alleged cover-up scheme should have resulted in a guilty verdict and a high-profile victory for CICIG and Guatemala’s criminal justice system. Yet, Matus was released from his cell the very day that he had turned himself in after the Public Ministry dropped the charges of conspiracy and perversion of the course of justice that CICIG originally had lodged against him.

The Zacapa trial and the release of Alvaro Matus both attest to the impediment that a lack of institutional cooperation (reinforced by Guatemala’s reluctant judges and corrupt members of the Public Ministry) poses a road to effective action that had been encouraged by CICIG. However, because CICIG can only encourage, not demand reform, the commission faces internal limitations in addition to external questions of cooperation.

CICIG’s intentions and the parameters of its mandate are in the right place. As of September 2008, the commission had 109 staff members representing 24 countries, including Guatemala, and a $13.8 million budget from the contributions of thirteen donors. By comparison, the United Nations Verification Mission in Guatemala (MINUGUA), put in place for five months following the 1996 conclusion of the civil war, had $3.9 million allocated to its budget. Yet, 41 of the 109 CICIG staff members were security officers and the commission had used 44% of its budget by September 2008 in order to establish its “operating structure.” Perhaps most telling is that the rate of homicides per month actually increased from 448.15 during Oscar Berger’s administration, to 528.07 under the Colom administration. CICIG predicts 6,811 homicides will be racked up in 2009.

Some Small Mistakes with Big Consequences

Most of Colom’s steps toward fulfilling his campaign promises—even those in conjunction with the CICIG—seem to have yielded only superficial, legislative results rather than authentic progress. Considering the lofty hopes that international observers initially had for Colom’s administration, the recent accusations against the President and his allies are bitterly disappointing to say the least, and a gruesome reminder of the low expectations that Guatemalan citizens perhaps rightfully have had for their government. Nevertheless, international support from the OAS, the System for Central American Integration (SICA), and the U.S. has buttressed the country’s efforts to achieve the resolution of violence in the country. The fate of Guatemala’s democratic institutions should have been a matter of concern around the world and firm support is vital to preventing a domino effect that could result in a deteriorating security situation in Guatemala’s neighboring countries, Honduras, Belize, and El Salvador. However, the international implications of what transpires in Guatemala will have a reach far beyond the scope of financial contributions to CICIG and the maintenance of stability in Guatemala. Some analysts have suggested that the verbalized support for Colom from Secretary General José Miguel Insulza of the OAS may do nothing more than deny that democracy is at risk, by falsely pacifying the country and restoring a status quo that had long since failed. It is this status quo that permits instances of political corruption to fall through the cracks of Guatemala’s judicial system signifying the need for more action than CICIG is demonstrably capable of producing.

Two days after the release of Rosenberg’s graveside video, Colom called for the investigation to be led by CICIG and the FBI. Corruption in the Policía Nacional Civil (PNC) is so extensive that the ratio of hired private security officers to PNC officers is 20:1 and the government invests only three percent of its delegated funds in criminal investigations. Thus, a sufficiently-funded, unbiased vehicle would seem preeminently fitting. However, no matter how unbiased, adequately staffed, or well funded it may be, it is unlikely that any investigation by the government will proceed satisfactorily in the eyes of suspects, victims, and observers. For example, as of six weeks after Rosenberg’s death, U.S. Ambassador Stephen McFarland has sent only one FBI officer to assist in the investigation. Furthermore, within 18 days of the release of the video, none of the senior officials accused by Rosenberg had been summoned for an interview. Such inefficiency is inexcusable though perhaps unavoidable due to the corruption permeating the country’s most important institutions. If the Rosenberg investigation is to yield any payoffs when it comes to criminal investigations and effective judicial procedures, then the players involved must adhere to a few minimal requirements. If the FBI is to stay involved, McFarland will need to send more than one agent to assist in the investigation. Considering past failures, the high-powered officials and well-placed businessmen that CICIG investigates as well as Guatemala’s institutions charged with prosecuting and punishing criminals, must operate with total transparency and display at least a modicum of cooperation. Finally, the CICIG website, which reportedly has been “down for maintenance” since May, must be re-launched in order to demonstrate the transparency of whatever commission actions might be forthcoming.

The expectation that reliable evidence exists beneath the surface and if brought up, might be capable of resulting in a fair conviction, has turned out to be somewhat far-fetched. For example, on May 21, an unnamed witness provided the names of three of six people she claimed to be involved in Rosenberg’s murder, but it was the controversial figure Juan Carlos Solis Oliva who actually introduced the evidence. A former judge, Oliva led the 1998 investigation into the still not satisfactorily solved death of Bishop Juan Gerardi and allegedly diverted the inquiry away from the soldiers who were ultimately convicted. Oliva’s stepfather Colonel Byron Lima Estrada, and the colonel’s son, Captain Byron Lima Oliva were two of the three military men implicated in the murder that Juan Carlos Solis Oliva “independently” had investigated. Clearly, corruption runs deep regarding Guatemala’s legal system, necessitating the establishment of checks and balances in order to conduct anything like a fair investigation.

What to Take Away from the Rosenberg Scandal
As Ricardo Stein, Special Advisor to the Resident Coordinator of the United Nations System in Guatemala has suggested, “every administration since 1995 has had its Rosenberg.” The assassination is not thecause of institutional crisis in the country but rather an indication of the deleterious intertwining of the social, political, and economic crises afflicting the nation’s institutions. The Rosenberg case should be used as a means to putting an end to what Stein calls the “politicization of the judiciary,” and the less frequently acknowledged, “ ‘judicialization’ of the political system.” Stein believes the problem afflicting Guatemala is one of court verdicts being issued based on political preferences and a sea of bribes of corrupt officials (“politicization of the judiciary”), which legitimizes the average Guatemalan’s tenacious belief that the judiciary as well as the executive branches are corrupt. However, it is the belief that the judicial system is encouraged to target cases of political corruption for special attention (“‘judicialization’ of the political system”) that slows improvements in the judiciary. If the judicial system is used to fight for rival political parties, there is little room for the impartial investigations and trials needed to uphold democracy.

In spite of the challenges presented by the Rosenberg case, the incident has brought about an almost unprecedented mobilization of the Guatemalan citizenry, particularly of the youth, who have demanded swift response to cases like Rosenberg’s. On May 14, 2009, the authorities arrested Jean Anleu Fernández on charges of “inciting financial panic” because of his Twitter comment encouraging Guatemalans to withdraw their money from the allegedly corrupt government-owned bank, Banrural. Twitter users and outraged citizens responded with Paypal contributions to Fernández’s $6,500 bail. On June 14, 2009, tens of thousands took to the streets of Guatemala City once again in protest of corruption, violence, and impunity that characterizes the country’s public life. Incidents like the Fernández case and protests regarding the Rosenberg scandal show that the challenge of translating campaign promises and written laws into progressive action—of giving substance to Guatemala’s dreams of democracy—ultimately rests with the nation’s citizens. While CICIG can help improve Guatemala’s formal institutions, only the public can empower a head of state to undertake the transformation of informal institutions that permit formal institutions to effectively function. When Guatemala’s civil society creates and holds fast to a lattice of trust and shared understanding of social conventions and democratic beliefs and practices, then the resolution of cases like the assassination of Rodrigo Rosenberg will be considered victories for the judicial system rather than charades of it.

3171 COHA Report, Clarification of COHA´S Position on President Zelaya and what went in Hinduras

•2 Julio 2009 • Dejar un comentario

On Friday, June 26, COHA issued a statement regarding recent events in Honduras. As a result of this communiqué, the organization has received a heavy volume of mail on the subject, most of it intensely critical. The article was drafted by Brian Thompson, an extremely bright young Honduran national and an ardent opponent of President Zelaya. Brian was under significant pressure within his community to steer his piece in a direction that would censor Zelaya’s “irresponsible actions,” which had been not a few in number. The only problem was that Brian’s “take” on what was happening in Honduras substantially differed from that of COHA. The result was that in a crowded office of some 30 researchers, the Honduran piece was released without sufficient oversight, and carried an analysis that was much different from that of COHA’s.

President Zelaya is the constitutional president of Honduras, but his conduct has been not always wise and had done damage to his standing in a very hostile political environment. Over the years, COHA has been very involved in Honduras’s affairs, dating back to the banana wars of several decades ago, as well as the development of the country as Washington’s “Unsinkable Aircraft Carrier” during the years of the contra war and the operations of the U.S.- tolerated Honduran death squad Battalion 316.

As of now, many of Zelaya’s leading foes, including the leaders now serving in the rump government ruling Honduras, are unworthy and self-serving politicians who demonstrably are not being driven by democratic principles. It is true that COHA has been somewhat suspicious of President Zelayas’s motivation for his adhesion to ALBA, which we looked upon with approval as an act that pluralized the political landscape and vitalized the Honduran polity in a way unseen in the Central American nation since the admirable presidency of Ramón Villeda Morales, a half century ago. But alas it has been plain to see that Zelaya was more a local caudillo than a far-seeing regional leader.

Overthrow in Honduras
On June 25, Hondurans awoke in a state of anxiety and uncertainty. The previous night, President Manuel Zelaya announced the ouster of General Romeo Vasquez, head of the country’s armed forces, on grounds of insubordination. General Vasquez had declined Zelaya’s order for the army to lend logistical support to a referendum on constitutional reform which was scheduled to take place in the country on June 28. As a result of this vote, the president hoped to eliminate, as has been recently done in a number of other Latin American countries, and as is about to take place in Colombia, the existing one-term limit placed on Honduran presidents to qualify for office. The referendum had just been declared illegal by Congress and the Supreme Court, and General Vasquez said that he would be violating the law by instructing the military to follow the President’s directives. However, having previously announced that “orders are meant to be followed, not analyzed,” Zelaya responded by discharging the general.

In response to General Vasquez’s firing, the nation’s military bases went into a state of “high alert.” Armored vehicles rolled out onto the streets and soldiers took up positions at key intersections. Later that day, the Supreme Electoral Tribunal declared Zelaya’s re-election game plan null and ordered the seizure of all ballot boxes and election-related materials. According to Spanish daily El País, the ballot boxes were being kept at the Tegucigalpa, had been flown in from Venezuela by the Chavez government, which was closely allied to Honduras via its trade and solidarity alliance, ALBA. Instead, investigators from the Ministerio Público, the Honduran attorney general’s office, arrived to seize the election cartons.

Street politics
At this point, the President decided to strike back and called hundreds of his supporters to follow him to the airport on a “mission” to rescue the electoral boxes. Zelaya placed himself at the head of the march and oversaw the actions of its participants after they battered in the gates to the base and swelled past riot police, where they then proceeded to remove the election material from the military facility.

While some members of the new government, including the ousted General Vasquez, have called for Hondurans to remain calm, Zelaya moved to oppose the actions of his foes. By pursuing his referendum, which has been declared illegal by the Honduran Supreme Court, and unanimously criticized by Congress, Zelaya challenged the escalating actions of his political foes, determined to confront what has become an extremely volatile situation.

The president’s version of events
On June 26, Zelaya announced that Congress was plotting a “technical coup” to remove him from power through so-called legal maneuverings. The technical coup Zelaya was referring to was an impeachment vote, which is allowed under the constitution, but only under very special circumstances, which did not appear to be met in this instance. This strategy also could be viewed as an attempt on Zelaya’s part to garner international support for his position. Several days later, after the military had forcibly removed Zelaya from power, an emergency meeting of the General Assembly of the Organization of American States ruled in Zelaya’s favor, condemning the coup. By presenting his government as under attack by rightist, anti-constitutional elements intent on overthrowing his presidency, Zelaya has managed to present himself as an emblem of democracy and legitimacy.

President Zelaya successfully won democratic plaudits for himself as the authentic leader of his country. He also has been immensely aided by the almost completely unanimous support of the UN, the OAS, many of the EU countries, as well as Washington, all of which have declared that any extra-constitutional change will not be tolerated in Honduras or anywhere else.

It can be surmised that some of those who acted against Zelaya are worthy people who acted out of a sincere belief that Honduras’ democratic principles were at stake. But no matter how well-intentioned they may have been, the military must realize that because of the region’s experience with military seizures of power and subsequent rule in which thousands of innocent civilians were subjected to an array of human rights atrocities as well as murder by armed forces, the hemisphere must stand united in upholding the principle of no extra-constitutional changes of power.

3170 México, revista Zócalo, Muchas razones para votar

•2 Julio 2009 • Dejar un comentario

Faltan todavía poco más de tres años para que concluya la administración federal, y nada sugiere que desde Los Pinos surja el interés por una nueva legislación de los medios de comunicación electrónicos incluyente; con objetivos sociales y educativos de largo alcance: y generadora de la competencia en la televisión abierta y las telecomunicaciones.

Con casi nueve años en la presidencia de la república, los panistas prefieren  reproducir el esquema de favores mutuos que le funcionó durante 50 años al PRI, con su aliado el empresariado mediático, representado principalmente por Televisa. Tal vez temiendo que sin aquél apoyo no podrían mantenerse en el poder, según la lógica priísta. Contratos de publicidad y canonjías ilimitadas para los concesionarios de los medios electrónicos y la prensa escrita, a cambio de un periodismo acrítico y descontextualizado, han sido las monedas de cambio.

Tres años fueron suficientes para saber si la autoridad aplicaría una política pública dirigida a revertir las añejas prácticas. Lejos de ello, el gobierno de Calderón ha sido omiso en la puesta en marcha de casi toda la agenda nacional mediática pendiente: nueva legislación de radio, televisión y telecomunicaciones; marco jurídico para los  medios de servicio público, y las radio comunitarias; garantías para el acceso de indígenas a los medios de comunicación; legislación de publicidad gubernamental; reglamentación del derecho de réplica y seguridades para el ejercicio periodístico.

Pero, los gobiernos panistas fueron más allá que sus similares del PRI, porque a diferencia de los priístas, en el gobierno de Fox se logró modificar la legislación de radio y televisión, lo que no hizo en medio siglo el Revolucionario Institucional. Casi desaparecieron los tiempos de Estado que pagaba en especie la industria mediática, y  se obsequió el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en 2002.

Para no perder la gracia de los concesionarios Vicente Fox, además, promulgó las reformas a las leyes Federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones aprobadas por el Congreso en el 2006; permitió que Ricardo Salinas Pliego se adjudicara el Canal 40; y favoreció a la familia Aguirre en su litigio contra José Gutiérrez Vivó, a quien le retiró también la publicidad. Ahora, Calderón le niega al país una ordenamiento democrático e incluyente; impide la competencia en la televisión abierta y;  niega a los ciudadanos el acceso a los medios de comunicación.

Ese repliegue gubernamental y la ausencia de regulaciones precisas en el sector fueron aprovechados por el duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca) y los consorcios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, para desafiar a los poderes constituidos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y recientemente retando a la autoridad electoral, con la violación a la legislación, producto de la reforma electoral del 2007. Al respecto, la autoridad federal no ha hecho un solo llamado de mesura a las televisoras nacionales, actitud que contrasta con el desmantelamiento de las radios comunitarias (28 en el 2009), que con su operación ejercen su derecho a la libertad de expresión.

Los empresarios de esa industria ya trabajan en la anulación de la reforma constitucional de noviembre de 2007, -que ha limitado sus ingresos millonarios-, a pesar de que ésta apenas pasará su primera prueba con los comicios del domingo 5 de julio. Quieren que los partidos y los particulares vuelvan a gastar miles de millones de pesos en las campañas electorales, y hacer política a su conveniencia como antes de esa reforma. Los concesionarios no perderán la oportunidad de incidir en las elecciones presidenciales del 2012, como lo hicieron para el 2006.

A pesar de las recurrentes violaciones a la ley electoral protagonizadas por el duopolio televisivo, ahora el Partido Verde Ecologista de México, ha llegado al extremo de conformar una fusión riesgosa con el duopolio televisivo, al integrar a su futura fracción a funcionarios o exfuncionarios de Televisa y a la hija del dueño de TV Azteca, Ninfa Salinas Sada. Ningún otro partido se había atrevido a tanto, en la historia reciente.

Por todas esas razones, quienes hemos seguido la agenda mediática en los últimos nueve años desde la revista Zócalo, creemos que existen motivos suficientes para que los ciudadanos expresen en las urnas su voto a favor, o en contra, de quienes han cumplido o traicionado la confianza de la gente, frente a la agenda mediática.

Es cierto que entre los partidos políticos y sus candidatos, hay muy poco de donde escoger, sin embargo, la historia reciente nos demuestra que una parte de esa clase política, solicitó eliminar la llamada Ley Televisa, logrando que la Suprema Corte revirtiera sus artículos más perniciosos.

Quienes hoy llaman a anular el voto niegan a los ciudadanos la oportunidad, quizá la única en tres años, de aprobar o no, según su parecer, la actuación gubernamental frente a esa agenda. Esa es la democracia. Los jóvenes, quienes por primera vez ejercerán su derecho al voto ¿deberán abstenerse, porque la clase política “no funciona”? No voten ahora, se les dice. ¿Y en el  2012, sí? ¿Acaso las cúpulas partidistas serán distintas en sus procedimientos dentro de tres años? ¿Cuándo los partidos han sido entidades pulcras y éticas?

La política relacionada con los medios de comunicación, no se la podemos dejar únicamente a los políticos y sus organizaciones, mucho menos, ahora, a las televisoras privadas quienes infiltraron a los partidos.  La agenda mediática tiene que ser un asunto donde participe grupos sociales, instituciones e  individuos cada vez en mayor número. A la sociedad mexicana lo que le hace falta es hacer más y mejor política. Votemos el 5 de julio.

Zócalo

(Comunicación, política y sociedad)

(Pdt: Si coincides con este argumento reenvíalo).

————————————————————————–

Nota de Octavio Islas

Definitivamente no coincido en esta ocasión con los argumentos expuestos  por Carlos Padilla, a quien aprecio y respeto.

3169 Media Ecology Association, Jorge Alberto Hidalgo, La imagen, la especie predadora: impresiones desde la Media Ecology

•2 Julio 2009 • Dejar un comentario

La imagen, la especie predadora: impresiones desde la Media Ecology

Hace dos años tuve la oportunidad de participar por primera ocasión en el Encuentro de la Media Ecology Association (MEA). En aquel entonces dos grandes amigos, Fernando Gutiérrez, Director de la Carrera de Comunicación del Tecnológico de Monterrey y miembro del Board de la Asociación y Octavio Islas Titular del Proyecto Internet del mismo Tecnológico me invitaron a coordinar una mesa de investigación en la que sería la primer ocasión que la Asociación realizaba un congreso internacional fuera de los Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, me pareció una oportunidad fabulosa para invitar a un nutrido grupo de colegas a presentar trabajos afines a un tema que en aquellos días me inquietaba en gran medida, la Alfabetización digital, y que sin saberlo respondía a una preocupación que guarda la MEA y que en voz de Neil Postam expresa simpatía con la definición que hiciera de la metáfora que da soporte a la Asociación: “Media ecology looks into the matter of how media of communication affect human perception, understanding, feeling, and value; and how our interaction with media facilitates or impedes our chances of survival”.

Tomándola como punto de partida en el grupo de trabajo nos dimos a la tarea de explorar el modo en que las tecnologías de información estaban reconfigurando el hábitat en que las generaciones digitales nacían, crecían y exigían un diálogo empático con el modo en que usaban, se apropiaban y resignificaban su realidad. Así que aprovechando el espacio presenté una ponencia bajo el título Gestión Crítica hipermedial: un modelo de aprendizaje multivía. Un texto en el que intentaba dar cuenta de cómo los hipermedios estaban jugando un rol de fuerza “liberadora” eliminando las fronteras entre infancia y edad adulta. Estas trasformación en las audiencias dejaban ver en el fondo al infante más que como un ciudadano prosumer, como un consumidor.

Aún cuando coincidía con una serie de los postulados vertidos por Neil Postman y su clásico The Disappearance of Childhood (1983), me preocupaba caer en un determinismo tecnológico o en extremo moral, pero reconocía la razón que tenía Postman cuando afirmaba que “la televisión es un medio de apertura total a través del cual los niños acceden cada vez más al conocimiento de los “secretos” de la vida adulta –sexo, drogas, violencia- que anteriormente les habrían resultado inaccesibles en virtud del código especializado de la imprenta. En consecuencia, los niños se comportan cada vez más como adultos, y exigen compartir los privilegios de los adultos”. Más aún, después de revisar a detalle las estrategias mercadológicas que Martin Lindstrom reportaba en su texto Brandchild (2006) y Juliet Schor en Nacidos para comprar (2006).

Por otro lado, no podía dejar de dar cuenta de la Generación Net que nos presentó Don Tapscott (1988) y las Multitudes inteligentes de Rheingold (2002) en las que las jóvenes audiencias exigen mayor control de los medios que consumen. A diferencia de Postman quien se opuso al uso de la televisión en la educación intentando rescatar a la escuela como el último bastión en la defensa de la cultura impresa, pretendía con este texto el que pasáramos a una segunda alfabetización que migrara de la letra impresa a la letra digital; que nos permitiera emplear herramientas como el blog, los wikis, las interfaces de inmersión multimediales en una plataforma multivía. Un aprovechar la dinámica interactiva, participativa y abierta que dejaba ver la web 2.0

Dos años después de haber tenido la oportunidad de convivir con varios discípulos directos de Postman se nos dio la oportunidad de conocer –por lo menos en espíritu y palabra- al tercera persona de la triada sagrada de la Media Ecology el Sacerdote Jesuita Walter Ong quien tuviera como amigo y director de tesis a Marshall McLuhan. El Padre Ong, sin duda estuvo marcado fuertemente por su formación religiosa sustentada en el libro y la palabra de ahí que fuera un gran defensor de la oralidad, sosteniendo al habla como raíz de la escritura. Así generó las categorías de Oralidad Primaria y Secundaria. La primera de ellas se refiere a la que poseen las culturas que no conocen la escritura ni la impresión; y la segunda para referirse a las formas de comunicación de aquellos que conocen la escritura, la impresión y otras formas mediáticas que dependen de la escritura para su funcionamiento y existencia.

Esta trans-oralidad y metagrafía se ha hizo presente en la 10 Convención Anual de la Asociación que se realizó en el hogar académico del Padre Ong y en su momento de McLuhan: La Universidad de San Luis en Missouri. Cuatro días. Nueve paneles, tres conferencias magistrales, cinco sesiones plenarias, una presentación multimedia fueron la flora en el ecosistema que recibiera a la fauna variopinta que nos dimos cita en tan bello recinto.

En esta edición un tema central era lo que denominaron el Renacimiento de Walter Ong quien hipertextualmente se filtraba en cada ponencia, cada mención y cada conferencia. Hoy en la Media Ecology convergen aquellos investigadores que también coinciden con el Institute of General SemanticMy Social Media Generation. participando en ambas autoridades de la talla de Lance Strate. La Media Ecology resulta ser un espacio acogedor en el que conviven desde los involucrados con las tecnologías móviles, la publicidad política, los estudios semiológicos, la teología de la comunicación hasta los estudios culturales. En ese espectro de diversidad y afinidades tuve la oportunidad de reunirme con grandes amigos y dar cuenta en carne propia de lo que implica Facebook fuera de Facebook y entablar networking entre salones, taxis y Starbucks con amigos que migraron de la virtualidad a la realidad como Carlos Scolari, Jerónimo Rivera y Fernando Gutiérrez. Acción que ponía en evidencia parte de la temática presentada en mi ponencia en la que exploraba algunas características de lo que yo denomino

Pero más allá de nuestros avatares y andanzas comparto una serie de cuestionamientos derivados de las temáticas expuestas y ese biologismo imperante en muchas de las ponencias en las que percibí a la televisión y particularmente a la imagen como especie predadora entre los medios. Enlisto pues una serie de preguntas que fluyeron de mi iPod a la libreta, de la laptop a la memoria:

1) En el contexto hipermediático actual ¿qué tanto la forma influye en el contenido?, ¿Excluye la forma al contenido? ¿Determina los modos de distribución y recepción? ¿Qué papel juega “el hecho” y el “contexto”?

2) ¿Se pierden las raíces en la red? Qué es lo que nos gusta de la actividad en línea, ¿la actividad o lo que ocurre en paralelo? ¿En las redes sociales nos multiplicamos o fragmentamos?

3) En una cultura de la imagen y la fantasía, ¿qué hace a una persona atractiva?, ¿Qué lleva a los otros a buscarla o competir contra ella? En las redes sociales ¿competimos o interactuamos? ¿Son los medios sociales la nueva arena de competencia en la que buscamos con la personalización una forma descarada de distinción ante el otro?

4) ¿Conocemos realmente al otro basados en un coleccionismo de acciones, símbolos y objetos intangibles?

5) ¿qué papel juega el tiempo, el espacio en blanco, el “tiempo muerto” en el proceso cognitivo del navegante social? ¿Qué tipo de construcciones mentales hacemos del otro cuando nos permite hacer inmersión Multimedial en su vida digital? ¿opera en una escala similar a la construcción del mito, la expectación, la teatralidad y la construcción simbólica?

6) Dejo estas preguntas al aire y cierro con una serie de líneas que compartió Alan Kay en su ponencia “Distracting Ourselves to Death”:

a. “The small differences between belief and perception just barely allow Science to be invented (but not easily!)”

b. “It takes almos as much creativity to undestand a new idea as was required to invent it!”

c. “Science is a negotiation between our dreams an what is out there”

d. “System ecology is a negotiation between News and New”

Les invito a leer la reseña del evento elaborada por Carlos Scolari, del evento MEA en St. Louis y el texto Media Ecology de los textos a la gramática.

Lindstrom, M. (2006) Brandchild. México: Grupo Patria Cultural

Postman, N. (1983) The Disappearance of Childhood. Londres: W. H. Allen.

Postman, N. (1994) Tecnópolis: la rendición de la cultura a la tecnología. Barcelona: Galaxia Gutenberg

Rheingold, H. (2002) Smart Mobs: The Next Social Revolution. EUA: Basic Books.

Tapscott, D. (1988) Growing up digital: The rise of the Net Generation. EUA: McGrawHill

3168 México, Reporte Indigo Brainmedia, edición especial, Monterrey, 2 de julio de 2009, Mauricio desesperado

•2 Julio 2009 • Dejar un comentario

3167 México, Universidad Iberoamericana, boletín más reciente del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios (OMCIM)

•1 Julio 2009 • Dejar un comentario

Les hacemos llegar el boletín más reciente del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios (OMCIM), activo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana para este periodo electoral, esperando sea de su interés.

Les informamos, asimismo, que el 5 de julio tendremos una cobertura especial, como Observadores Electorales de los Medios; la podrán seguir a través de http://www.omcim.org. También tendremos una programación especial a través de nuestra estación de radio (90.9 FM en la Cd. de México / http://www.ibero909.fm).

Saludos muy cordiales,

Gabriela Warkentin
Directora
Departamento de Comunicación / ibero 90.9 fm
Universidad Iberoamericana

22-28junio