9546 Octavio Islas, El Universal, Proyecto Internet, El albazo digital, 16 de julio 2012

De acuerdo con sus entusiastas y comprometidos promotores, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Acuerdo Comercial Contra la Falsificación) -ACTA por sus siglas en inglés- es una propuesta que en 2006 presentaron los gobiernos de Estados Unidos y Japón para impulsar un acuerdo comercial multilateral, derivando leyes destinadas a la protección y respaldo a la propiedad intelectual, en respuesta al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright, reproducidas ilegalmente en el mercado global -el cual olímpicamente ha ignorado las posibilidades del copyleft en una economía efectivamente perfilada a la sociedad de la información y el conocimiento-.

ACTA en realidad forma parte de un extenso repertorio de iniciativas concebidas por algunos enemigos de la Economía del Conocimiento, quienes sin duda alguna desean preservar sus formidables ganancias a costa de limitar la libertad de expresión en Internet.

Una iniciativa relativamente similar a ACTA es la Stop Online Piracy Act -SOPA por sus siglas en inglés-, proyecto de ley que el pasado 26 de octubre presentó Lamar Smith al Congreso de Estados Unidos. La iniciativa que incorporó el referido representante republicano, por supuesto ha sido objeto de amplios cuestionamientos en las comunidades sensibles en Internet, tanto dentro como fuera de la Unión Americana.

En años recientes, con gran secrecía algunos gobiernos han venido participando en las negociaciones de ACTA. En el análisis y la discusión de la citada iniciativa han sido marginadas algunas organizaciones internacionales, como Naciones Unidas -por ejemplo-, así como los parlamentos y congresos nacionales de los países convocados por Estados Unidos y Japón. ¿A qué se debe la renuencia a transparentar lo que efectivamente se discute en torno a ACTA, cuando esta propuesta persigue tan nobles propósitos? -como pregonan sus comprometidos promotores-.

A pesar de que en México entonces ni siquiera habíamos conseguido definir una Agenda Digital Nacional (ADN) -que sería deseable pudiera superar la “prueba del cambio de régimen”-, a espaldas del Congreso y de la opinión pública interesada en temas relacionados con el desarrollo de Internet en México, el gobierno calderonista decidió participar en las discusiones sobre ACTA.

ACTA comenzó a ser mencionada como tema de particular preocupación para la comunidad de usuarios de Internet en México, en el marco del Campus Party, celebrado del 9 al 15 de agosto de 2010, en el Distrito Federal.

Posteriormente el senador Carlos Sotelo (PRD) impulsó un punto de acuerdo que propició el desarrollo de audiencias públicas con los interesados y el llamado Grupo de Trabajo Plural ACTA, integrado por algunos legisladores de los partidos y determinadas instituciones públicas, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A partir de febrero de 2011 fueron celebradas cuatro audiencias públicas en el Senado de la República. En esas sesiones los detractores y los impulsores de ACTA -entre los cuales destacaron las asociaciones de autores y compositores así como el IMPI- compartieron sus argumentos.

El Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (PRD) finalmente presentó a la Comisión Permanente en el Congreso un punto de acuerdo para evitar que el presidente Felipe Calderón firmara ACTA. La propuesta fue aprobada por unanimidad el 23 de julio de 2011 por los integrantes de las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional y Educación. Además el 7 de septiembre del 2011, el Senado se pronunció contra la ratificación del ACTA en México.

Sin embargo, el pasado miércoles 11, el gobierno del presidente Felipe Calderón decidió consumar un albazo digital al firmar ACTA ante el Gobierno Japonés -depositario del Acuerdo-, a través de Claude Heller -Embajador de México en Japón-. El proceder del gobierno calderonista representa una grave desatención al trabajo realizado por el Grupo de Trabajo Plural ACTA, pasando por alto las conclusiones, en las cuales también participó activamente la ciudadanía. Aún cuando eventualmente pudieran ser consideradas como nobles los objetivos que persigue el gobierno calderonista al firmar ACTA, en las formas observadas sencillamente admite ser definitivamente cuestionado.

Además de México han firmado ACTA los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, y Singapur. En días recientes la Unión Europea en bloque determinó rechazar ACTA por considerarla “ambigua” y contraria al pleno ejercicio de las libertades individuales. Ello por supuesto no pesó en el ánimo del gobierno calderonista.

De acuerdo con lo asentado en el comunicado que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dio a conocer el pasado 11 de julio, ACTA responde a “la finalidad de combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas”, Resulta paradójico tal pronunciamiento, cuando el IMPI ni siquiera ha sido capaz de impedir la práctica de la piratería en los alrededores de sus instalaciones.

Durante el gobierno calderonista, algunos legisladores han pretendido impulsar burdas imitaciones de iniciativas como SOPA o ACTA -en particular destaca la llamada “Ley Döring”- que también pretendió imponer mediante el recurso de un albazo el senador Federico Döring (PAN). Posiblemente el PAN se dedique a pagar algunas facturas pendientes durante sus últimos días de gobierno. Además, por supuesto, castigar la “insurgencia digital”.

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