Ciudad de México, 3 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 496

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EXIGE LÓPEZ OBRADOR AL GOBIERNO ESPAÑOL RESPETO A LA SOBERANÍA E INDEPENDENCIA DE MÉXICO. QUE RODRÍGUEZ ZAPATERO DEJE DE ESTAR METIENDO LAS NARICES EN LOS ASUNTOS NACIONALES

“Ante el gran interés que tiene el gobierno español para que sea aprobada la llamada reforma energética calderonista, que significa la privatización de la industria petrolera mexicana”, Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, respeto a la soberanía nacional, a los asuntos que sólo competen a los mexicanos y que “deje de estar metiendo las narices en México”.

Al conceder una entrevista a los medios de comunicación, durante su último día de su gira semanal, esta vez por municipios de Michoacán, el presidente legítimo de México mencionó que es evidente que las autoridades de aquella nación europea tienen especial interés en el sector energético del país, porque actualmente las empresas españolas dominan 40 por ciento de la industr ia eléctrica.

Lamentó que el gobierno de España quiera tener injerencia en asuntos que sólo le competen al pueblo de México, como es el caso de la industria petrolera. “Se le olvida al presidente de España que México es una nación libre y soberana”, aclaró.

López Obrador expresó que las autoridades españolas se exceden en sus comentarios y deberían de ser más respetuosos de las decisiones que “tomemos los mexicanos para evitar que el gobierno usurpador, en complicidad con el PRI y el PAN, entreguen al hidrocarburo a empresas extranjeras”.

Al pedirle su opinión sobre la afirmación de la dirigencia nacional panista de que el dictamen de la reforma energética se hará con base en la propuesta de Felipe Calderón, sostuvo que “el gobierno usurpador, los priistas y panistas podrán elaborar sus planes, pero deben tomar en cuenta que la opinión de la mayoría de los mexicanos está por encima de cualquier decisión personal o grupal. Si hay una iniciativa del PAN o del PRI contraria al sentimiento de la gente, si hay una iniciativa privatizadora, nosotros vamos a movilizarnos porque estamos organizados y la gente no quiere la privatización del petróleo”, indicó.

López Obrador mencionó que Calderón y los dirigentes de las cúpulas del PAN y el PRI deben recordar que el tema del petróleo “no es un asunto que sólo se debe considerar en el Congreso, sino que tiene que ver con la decisión de la mayoría de los mexicanos”.

En las asambleas informativas con los habitantes de Huaniqueo de Morales, Angamacutiro de la Unión, Pastor Ortiz y Puruándiro, explicó que en 25 años se han privatizado alrededor de mil empresas públicas, como las minas, Teléfonos de México, las carreteras, los bancos, la energía eléctrica “y ahora va la minoría rapaz por la millonaria renta de la industria petrolera. Las privatizaciones nunca le han dejado nada bueno al pueblo de México, por el contrario, al privatizar Teléfonos de México los mexicanos tienen que pagar más por el servicio que en otras partes del mundo”, recordó.

“Ahora, los vendepatrias quieren reformar leyes secundarias para que las empresas extranjeras se hagan cargo de la exploración, explotación y refinación del petróleo”, indicó. Sin embargo, resaltó, “los mexicanos no lo vamos a permitir, porque nos vamos a movilizar en todo el país, va a haber grandes movimientos en todo México, pero no vamos a permitir que entreguen el petróleo, que es un bien de la Nación”.

El dirigente de la izquierda mexicana mencionó que es mentira que falte dinero para modernizar a Petróleos Mexicanos “si se considera que este año el gobierno usurpador recibirá 20 mil millones de dólares por concepto de excedentes en la venta del petróleo al extranjero”. Asimismo, advirtió que si se entrega la industria petrolera al extranjero, México no tendría el presupuesto suficiente para construir infraestructura en el país y pagar los sueldos de millones de trabajadores.

Desde la tierra del general Lázaro Cárdenas del Río, invitó a los ciudadanos del sur del país a participar en la consulta popular sobre el tema petrolero que se realizará el próximo domingo 10 y recordó que el mismo ejercicio d emocrático se desarrollará el domingo 24 de este mes en las entidades del norte de México.

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La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, consciente de la situación que aqueja a nuestro país y a su sociedad, se une al dolor e indignación que familias mexicanas viven a causa de los secuestros, y comparte con ustedes un texto de Alfredo Harp Helú y María Isabel Grañén Porrúa en solidaridad con las personas que sufren las consecuencias de estos delitos.

Una tragedia de México y sus familias

Imagine este escenario por un momento. Piense que usted es la persona que está hablando, póngase en sus zapatos, sólo el tiempo que le tome leer este texto.

“He sido muy afortunado, Dios me dio la oportunidad de tener un hijo, un hermoso niño que sólo pedía una cosa: cariño. Para eso había venido al mundo: para amar y ser amado. Lo acogí en mis brazos y crecimos juntos. Nos complementamos, yo tenía la necesidad de ofrecer ese cariño que él tanto requería. Tuve la oportunidad de darle algo mejor: una familia que vivía en armonía; una mamá, una hermana y un hermano.

Recuerdo el primer día que me dijo “papá” y sentí cómo el cielo se abría, los pájaros cantaban y el sol iluminó el mundo.  De la mano íbamos  a su escuela.  Los primeros días se le llenaban los ojos de lágrimas, no quería despegarse de mí, pero pronto encontró su mayor interés por el  colegio: sus amigos. Además, se divertía jugando fútbol y adoraba la música.

Jamás olvidaré su expresión cuando logró descifrar “m a m á”, cuatro letras que comprendían el universo entero.  Dios nos colmaba de bendiciones.

Pasaron los años, me sorprendía ver cómo mi pequeño niño se hacía un hombrecito, que maduraba a pasos agigantados, que crecía para ser casi de mi tamaño. Amamos la vida.

Cumplió catorce años, lo celebramos juntos, en familia con algunos amigos. La vida nos sonreía. Pero un día el cielo se nubló, los pájaros enmudecieron y la tragedia invadió nuestros corazones: en el camino por donde pasaba mi hijo, se cruzaron unos hombres desalmados, personas que no podrían ser descritas con un adjetivo porque no los hay para poderlos describir. Me avisaron que mi hijo acababa de ser secuestrado, ¿cómo?…, ¿cómo podía ser aquello?…, iba acompañado de un chofer y también se lo habían llevado. Al parecer, los plagiarios eran o se hacían pasar por policías.

La noticia me dejó pasmado. No tenía idea de cómo actuar. Por fin nos confirmaron el plagio y pidieron rescate. Sí, querían dinero a cambio de mi hijo, ellos decían que esa era ”la negociación”. También me dijeron que recibiría un presente para que supiera que hablaban en serio. De eso no  cabía duda. Al día siguiente, el drama fue mayor, localizaron un cadáver en la cajuela de un coche, era el chofer, amigo de nuestra familia que cumplía responsablemente con su deber y que dejó en duelo a los suyos ¡¿Por qué sacrificar así a un hombre inocente?!”

[Hasta aquí habla el padre de familia]

Imagine un minuto  lo que ese padre y su familia pudieron sentir en aquel momento, pasaron días en total incertidumbre, sin saber en dónde estaba su hijo, si comía o tenía frío, si era golpeado o amenazado. Peor aún, no sabían si estaba vivo o no. Pero la esperanza nunca muere y ellos esperaron cincuenta días que convertidos en horas podrían traducirse en meses, minutos que se convertían en años y segundos que eran una eternidad sorda.

Aquel padre pidió asesoría; no sabía cómo actuar ante tal situación. En realidad nadie lo sabe, porque en esas circunstancias las posibilidades de actuar son nulas.  Buscó por todos los medios la manera de que su hijo volviera, se hincó ante las autoridades, pidió auxilio a la policía, visitó las oficinas de los procuradores y a los altos mandatarios, rogó a Dios mañana y noche, deseó cambiar su vida por la de su pequeño.

Nada, pasaban los días y nada. Sólo prevalecieron  la esperanza y el amor, que lo hacían sostenerse en dos piernas.

Dinero. ¡Qué poco valor puede tener el dinero si la vida de un ser humano está en juego!

Por supuesto, aquel padre pagó el rescate. Sabía que esas monedas eran tan viles como las de Judas; no tenían  valor y menos sentido.  Supo que su hijo estaba vivo. Habló con él como prueba de vida y la esperanza volvió a brillar en los corazones de aquella familia. Pero después el silencio enmudeció al mundo. Pasó un día, otro, otro y otro, nada, no hubo llamadas, ni el timbre sonó, ni nadie llegó.

Las suposiciones fueron ilimitadas. Creían que el día estaba cerca, su hijo volvería y gritaría: “papás, acá estoy”. Sí, los santos estaban enterados, a todos les habían rezado; sólo esperaban y mantenían la esperanza.

Otra semana y el padre volvía a suplicar al mundo entero que le ayudara, pero el silencio se ahogaba en sí mismo. Esperaría toda una vida si fuera necesario, pero la incertidumbre de no saber en dónde estaba su hijo agujereaba el dolor de aquellos padres. Habían pagado, ¿por qué no se comunicaban con ellos?…, algo raro pasaba, quizá los secuestradores se habían peleado entre ellos, quizá habría pasado otra cosa, quizá y quizá…

Por fin, recibieron una llamada. Quien hablaba no quería entrevistarse con el jefe de familia, pero el padre espetó: “dígame, aquí estoy”; creía estar preparado para todo. El comunicante informó que habían encontrado el cuerpo de una persona en la cajuela de un coche y había que reconocerlo.

No entraré en detalles de aquel hecho de horror, el cuerpo llevaba varias semanas metido en una bolsa de plástico, era irreconocible. Por la dentadura se logró identificar al muchacho de catorce años al que le había sido arrancada la vida, despojada debido a la desgracia que azota a nuestro país. Sí, a un niño inocente que tuvo la mala fortuna de pasar frente a unos sicarios por casualidad.

Póngase usted en los zapatos de aquellos padres, que desean que nadie llegue a sentir lo que ellos pasaron en los últimos cincuenta días. Piense que nadie en este país está exento de que le suceda algo parecido. Este crimen es un atentado contra cada familia de México y cada uno de sus habitantes. La muerte de ese muchacho significa la descomposición social a la que hemos llegado, la lloramos todos los mexicanos que tenemos hijos y los que no los tienen. Todos nos unimos al dolor de aquella familia que también es la nuestra.

México no merece esta realidad ni que la vivan las próximas generaciones. Es urgente un cambio. La impotencia invade a la sociedad civil. Unámonos para exigir que nuestras autoridades de los tres poderes de la Unión, de los estados y municipios trabajen decidida y coordinadamente contra la delincuencia y en favor de la seguridad de las personas,  para que en el corto plazo todos los mexicanos podamos vivir tranquilos.

Condenamos la impunidad y la violencia.

¡Ya basta!

Alfredo Harp Helú y

María Isabel Grañén Porrúa

Agosto 2008

Ciudad de México, 6 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 498

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Sumario:

I. Riesgos de recesión larga, por Rogelio Ramírez de la O

II. Secuestros e inseguridad pública, por Laura Itzel Castillo

III. Al primer semestre de 2008, las devoluciones de impuestos a las grandes empresas fueron de 93 mil 615 millones de pesos; en cambio, la canasta básica aumentó 11%; la pérdida en el poder adquisitivo es ya de 39%, por Mario Di Costanzo

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RIESGOS DE RECESIÓN LARGA

por Rogelio Ramírez de la O

(publicado en El Universal el 6 de agosto de 200

Hoy es claro que hay inflación en el mundo; por ello los bancos centrales de los países emergentes aumentan el interés, pues tienen una meta de inflación que ya fue rebasada. En contraste, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo (BCE) no pueden aumentar el interés tan libremente. La diferencia es que las acciones de estos bancos tienen efectos profundos en el sistema financiero mundial.

Y el sistema financiero está apenas entrando a una nueva etapa de problemas. Una muestra: Merril Lynch tuvo que obtener capital fresco vendiendo 31 mil millones de dólares de valores respaldados por hipotecas (valores de los que fue el principal creador) a sólo 22 centavos de su valor original.

El dilema para la Reserva Federal es claro. Si atiende a su mandato de controlar la inflación, aumentaría el interés. Pero si lo hace causaría aún mayores pérdidas al sistema financiero, el cierre de muchos bancos pequeños (que ya está comenzando a ocurrir) y mayor escasez de crédito. Para una economía que ya muestra debilidad, un mayor apretón de crédito podría ser letal.

Por otra parte, si intenta evitar una recesión, debe seguir inyectando liquidez para que los grandes bancos tengan crédito, aceptando a cambio carteras hipotecarias y de otros préstamos de dudoso valor. Además, el gobierno tendrá que aumentar sus apoyos a la economía familiar, por encima de los reembolsos de impuestos a los contribuyentes que ya hace, por 168 mil millones de dólares, y del paquete de apoyo a hipotecas ya aprobado de 300 mil millones.

Estas acciones hasta ahora sugieren que las autoridades estadounidenses seguirán corriendo riesgos con la inflación para evitar la recesión. Lo hacen confiadas en que la debilidad de la economía y las pérdidas de riqueza debiliten la demanda y eventualmente reduzcan los precios del petróleo y otras materias primas, contribuyendo a una menor inflación.

Pero nada garantiza que la inflación una vez desatada no cause estragos mayores, como provocar un rechazo al dólar por los inversionistas de otros países, orillando al gobierno estadounidense a intervenir cada vez más en los mercados. Hoy el secretario del Tesoro, Hank Paulson, está dispuesto a intervenir abiertamente, después del rescate de Bear Stearns que encabezó. Ha solicitado al Congreso permiso por 18 meses para dar crédito ilimitado a las dos entidades proveedoras de hipotecas y garantías hipotecarias o para invertir en ellas.

Esto hace que el escenario de recesión y riesgo inflacionario de hoy sea muy distinto y más peligroso que las dos recesiones anteriores, en 1990 y 2001. Para empezar, la coexistencia de altos aumentos de precios con una demanda débil sólo se había visto en un breve periodo durante la Gran Depresión de 1929-1939 y en la estanflación de 1974-75. En ambos casos la recuperación económica tomó mucho tiempo. México, en particular, sufrió tanto en los años 30, cuando la economía se desplomó, como en 1974-75, cuando la inflación se disparó. Ambos casos son extremos, vista la situación actual como menos apremiante al día de hoy.

Pero otros resultados económicos y otras decisiones de las autoridades están aún por ocurrir y el margen para el error humano es enorme. La Reserva Federal tratará de evitar los extremos, pero su margen de maniobra es cada vez más limitado. Como ejemplo, después de una burbuja de bienes raíces, Japón cayó en una recesión de más de 10 años, apenas en los 90.

El destino económico de México seguirá indisolublemente ligado al de Estados Unidos. Aun si EU escapa de la inflación y la recesión, su recuperación será lenta y el crecimiento de México muy limitado. Si en ese escenario el gobierno cuidara lo cualitativo, por ejemplo, la seguridad, la austeridad en su gasto, la calidad de la educación y la honestidad, avanzaría mucho. Si ni siquiera logra progreso tangible en estos campos, va a causar que los efectos de la falta de crecimiento se magnifiquen peligrosamente. Los resultados los veremos pronto.

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SECUESTROS E INSEGURIDAD PÚBLICA

por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Gráfico el 6 de agosto de 200

Bien dijo Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF: a quien pierde a la pareja se le llama viuda(o). A quien pierde a los progenitores se le dice huérfana(o). Pero no existen palabras para nombrar a quien ha perdido una hija(o).

El dolor de los padres de las víctimas del News Divine es el mismo del empresario Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando, de 14 años, fue asesinado por sus secuestradores, no obstante que la familia había entregado ya el dinero del rescate.

En ambos casos observamos policías culpables. En el primero, los presuntos agentes del orden (preventivos) provocaron la tragedia al actuar con negligencia criminal. En el segundo, efectivos judiciales se convirtieron en secuestradores y asesinos.

A partir del News Divine el gobierno del Distrito Federal ofreció reestructurar a fondo las corporaciones de seguridad y replantear por completo su política en materia de seguridad pública. Ahora, con esta nueva tragedia, actuó rápido y detuvo a varios policías presuntamente implicados en el rapto y asesinato del menor. Todos ellos, se dice, formarían parte de la banda de La Flor, conocida así porque deja un crisantemo amarillo al lado de los cadáveres de sus víctimas.

El GDF anunció la suspensión de retenes policiacos en la ciudad, excepto el alcoholímetro, porque fue precisamente en un falso retén en el que el joven Fernando, su chofer Jorge Palma Lemus, de 61 años, y el guardaespaldas Cristian Salmones Flores, de 25 años, fueron plagiados. Hoy los tres están muertos.

La supresión de retenes es correcta porque la disyuntiva del ciudadano es difícil: si se para pueden ser secuestradores, pero si sigue adelante corre el riesgo de ser baleado y perder la vida, como ya ha ocurrido en otras partes del país, con soldados y policías federales, que tienen la orden de disparar.

El problema de la inseguridad pública es nacional, pero a nivel federal las respuestas son las mismas, una y otra vez. Por eso llama la atención la propuesta del DF. El eje rector del cambio sería una red ciudadana de 80 mil personas, que podría llagar a 300 mil, para verificar la tarea de las corporaciones policiales.

Este concepto rompe por completo con el origen de los cuerpos de seguridad en México: la protección de los poderosos, en detrimento del ciudadano. Antes, las diversas policías actuaban en función de los intereses de los gobernantes; hoy, en su mayoría, están al servicio del crimen organizado. Aterrador, ¿no?

Sin embargo, el problema de la inseguridad pública no se circunscribe a las policías. La razón de fondo se localiza en las erradas políticas económicas implementadas en el país desde hace 26 años. Esto ha derivado no en un Estado ineficaz, como plantean algunos analistas, sino en un Estado fallido. Tal es la magnitud de la bronca.

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AL PRIMER SEMESTRE DE 2008, LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS A LAS GRANDES EMPRESAS FUERON DE 93 MIL 615 MILLONES DE PESOS; EN CAMBIO, LA CANASTA BÁSICA AUMENTÓ 11%; LA PÉRDIDA EN EL PODER ADQUISITIVO ES YA DE 39%

por Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México

De acuerdo con datos publicados en el último Informe Trimestral de las Finanzas Públicas, se observa que los ingresos totales del Sector Público fueron de 1 billón 363 mil 66.2 millones de pesos, cifra que representa ingresos adicionales a lo programado originalmente por 47 mil 192 millones de pesos.

Este comportamiento se explica fundamentalmente por los diferentes derechos que paga PEMEX, derivados de su actividad petrolera, los cuales ascendieron a 491 mil 790.2 millones de pesos, y que representaron 36% de los ingresos totales del Sector Público.

Cabe señalar que los derechos que paga Pemex fueron superiores en 204 mil 615 millones de pesos a los previstos originalmente en la Ley de Ingresos para 2008.

De esta manera, si consideramos los impuestos y derechos que Pemex paga al fisco y le añadimos los ingresos propios de esta paraestatal, que ascendieron a 80 mil 808 millones de pesos, se puede concluir que durante el primer semestre del año, 42% de los ingresos del Sector Público fueron generados por Petróleos Mexicanos.

En contrapartida, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), registraron un avance inferior a lo programado, ya que en conjunto se ubicaron 17 mil millones de pesos por debajo de lo programado en la Ley de Ingresos.

No obstante la menor recaudación del ISR y del IETU, se observa que las devoluciones de impuestos que se realizan principalmente a las grandes empresas ascendieron a 93 mil 613.5 millones de pesos, de los cuales 9 mil 604 millones de pesos fueron devoluciones por concepto del ISR y 81 mil 528.3 millones de pesos, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De esta manera, es pertinente señalar que la devolución de impuestos efectuada principalmente a las grandes empresas por concepto del IVA fue equivalente a la totalidad de los ingresos propios de Pemex durante el primer semestre del año.

Por su parte, las devoluciones de impuestos por concepto del ISR durante el primer semestre del año, fueron equivalentes a lo que se erogará en el Programa para la Atención a los Adultos Mayores de 70 años, en las Zonas Rurales, que coordina Sedesol y que contó con una asignación total de 9 mil 916.4 millones de pesos.

Finalmente, es conveniente señalar que los créditos fiscales irrecuperables, mismos que son los impuestos que dejan de ingresar a las arcas nacionales, por haber perdido juicios el Sistema de Administración Tributaria (SAT), registraron un incremento de 10 mil 849 millones de pesos, para ubicarse en 142 mil 248 millones de pesos, cifra que representa el presupuesto ejercido en el primer semestre, por las secretarías de Educación Pública (83,060 mdp), Salud (23,100 mdp), Desarrollo Social (22,639 mdp) y Seguridad Pública (6,672 mdp) en conjunto. Una asignación total de 9 mil 916.4 millones de pesos

Al mismo tiempo que mediante estas devoluciones millones de pesos fluyen hacia los grandes empresarios, la situación de la mauyoría de la población se agrava.

De acuerdo con datos obtenidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno Legitimo de México, se observa que durante los primeros 7 meses del presente año, el precio de 42 productos que componen la canasta básica registró un incremento de 11%, con lo que el poder adquisitivo del salario mínimo durante la presente administración ha registrado una pérdida acumulada que asciende a 39% y que se acentuará durante los próximos meses, debido al incremento en los precios de prácticamente la totalidad de los energéticos, afectando con ello aún más el nivel de vida de toda la población.

De acuerdo con información publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor, se observa que, en diciembre de 2006, el costo de una canasta básica de 42 productos se ubicó en 818.44 pesos, lo que significa que una persona que percibiera el salario mínimo tenía que destinar 134.81 horas de trabajo, es decir 16.8 días de trabajo (en jornadas de 8 horas), para adquirir estos productos, mientras que para el mes de julio del presente año, la misma persona tiene que destinar 187.7 horas de trabajo, es decir 23.4 días de trabajo (en jornadas de 8 horas) para adquirir la misma canasta para su sustento.

Más aún, tan sólo en lo que va de este año, el costo de la canasta referida pasó de 1,104.63 pesos en enero de este año, a 1,230.83 pesos al último día de julio, esto es, un incremento del 11.4 %, es decir que mientras que en enero del presente año una persona que percibe un salario mínimo tenía que destinar 168.13 horas de trabajo para adquirirla, para julio tenía que dedicarle 187.7 horas, lo que muestra claramente la pérdida de 11.4% en su poder adquisitivo, solamente durante los primeros 7 meses del presente año.

Así, por ejemplo, entre enero y julio del presente año, productos absolutamente básicos como el frijol han registrado incrementos de 17.65%, al pasar el costo de un kilogramo de 17 pesos en enero a 20 pesos en julio, o bien la bolsa de 500 grs de lenteja que pasó de 8 pesos a 9.10 pesos, o el arroz que se incrementó en 63.79% al pasar de 10.99 a 18.0 pesos el costo por kilogramo.

Lo mismo ha sucedido con el pan de caja Bimbo, que pasó de 21.10 a 22.50, es decir un incremento de 6.6%, o el pollo entero que pasó de 25.30 a 30.0, lo que implicó un incremento de 18.58%.

En esta misma situación se encuentra el huevo, que pasó de 15.99 a 17.90 la caja con 12 huevos, lo que significa un incremento de 11.9%, o el aceite de cocina que registró un incremento de 50.9% al pasar el costo de un litro en enero de este año de 25.50 a 38.50 al mes de julio.

Cabe destacar que durante los últimos 19 meses el costo de estos productos básicos han registrado incrementos históricos: un kilogramo de frijol costaba 9.60 pesos en diciembre de 2006, y al mes de julio del 2008 su costo es de 20 pesos, es decir 108% más, o bien el huevo que pasó de 9.96 pesos la caja con 12 piezas a 17.90, lo que implica un incremento de 79.7%.

Llaman la atención casos como la lenteja, cuyo incremento ha sido de 127% al pasar el costo de la bolsa de 500 grs de 4 pesos en enero del 2006 a 9.10 pesos en julio de 2008.

Por su parte, el pan de caja Bimbo pasó de 13.20 pesos la bolsa de 680 grs a 22.50 pesos, lo que implica un incremento de 70.45%

Cabe señalar que el repunte en el crecimiento de los precios y en especial en el caso de los alimentos, afectan mucho más a las personas de bajos ingresos, ya que de acuerdo con la última encuesta de ingreso-gasto, llevada a cabo por el INEGI, los mexicanos destinan en promedio 30% de su ingreso para adquirir alimentos, 18% de éste para transporte, 15% para educación, entre otros.

Finalmente, los datos muestran el nulo impacto que tuvo el “supuesto congelamiento de precios” anunciado por las autoridades el pasado 17 de junio del presente año, ya que, de acuerdo con lo reportado por la Profeco, durante esa semana el costo de la canasta básica referida se ubicó en 1,183.76 pesos y casi un mes y medio después, es decir al 30 de julio, su costo ascendió a 1,230.83 pesos, lo que ha significado un incremento de casi 4% a partir del anuncio del congelamiento de precios en artículos básicos.

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Proyecto internet

Octavio Islas

Hacia una post-Wikipedia

A Change of Fortune: Remittances to Mexico Fall, Weakening Washington’s Diplomatic Clout

This analysis was prepared by COHA Research Associate Sarah Hamburger
July 31st, 2008

COMUNICADO DE PRENSA

Para su difusión inmediata- 31 de Julio de 2008

Pronunciamiento de OCS ante el Asalto a oficinas de Comunicación e
Información de la Mujer (CIMAC)

Este fin de semana, las oficinas de Comunicación e Información de la Mujer
(CIMAC), ubicadas en la capital del país, fueron allanadas. Varios equipos de
cómputo, archivos y materiales necesarios para llevar a cabo su labor
periodística fueron sustraídos, y varios documentos administrativos fueron
destruidos. 

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) es parte fundamental de las
organizaciones civiles que promueven y protegen el respeto de los derechos
humanos de las mujeres y la libertad de expresión en México. Desde 1988,
CIMAC se ha consagrado a la promoción y difusión en los medios de
comunicación de temas relacionados con los derechos humanos y la inclusión y
avance de las mujeres en México y América Latina, partiendo de los principios
de equidad, justicia social y democracia. 

Esta organización ofrece servicios de comunicación e información con enfoque
de género y participa en diversos espacios de la sociedad civil a nivel
nacional, regional e internacional.

Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) es una institución
multimedia que desde 1988 promueve en los medios de comunicación un nuevo
punto de vista sobre la condición actual de las mujeres en México y el mundo,
siempre vinculado con los principios de equidad, justicia social y democracia. 

Es una agencia especializada en difundir información periodística que aborda
el acontecer nacional e internacional teniendo a las mujeres como su eje
central. Esta agencia tiene su propia página web, www.cimacnoticias.com,
premiada como el mejor sitio de medios de comunicación en el 2001 por Yahoo!
México. 

CIMAC ha recibido por su trabajo: el Premio Nacional María Lavalle Urbina por
su contribución a la defensa de los derechos humanos de las mujeres; así como
el Premio Rosa Cisneros 2003 otorgado por la Federación Internacional de
Planificación de la Familia, Región el Hemisferio Occidental, por su
contribución en aumentar la conciencia pública sobre temas relacionados con
la salud sexual y reproductiva; y el premio que otorga la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C, como un reconocimiento por su
trayectoria y cobertura en Derechos Humanos
CIMAC cuenta con una red de corresponsales en las distintas entidades
federativas que dan cobertura a todo el país. 

También, mantiene una alianza con siete agencias de noticias: Detrás de la
Noticia (DDN), Agencia Proceso (APRO), Prensa Latina, Organización Editorial
Mexicana (OEM-Informex), Cerigua (de Guatemala) y ASIC, entre otras, y
retransmite información producida por la agencia Cimacnoticias a 70 medios de
comunicación en territorio nacional y el mundo de habla hispana. Forma parte
de diversas redes continentales.
Este lunes, cuando los y las colaboradoras llegaban a las instalaciones de la
organización, observaron que las cerraduras de la entrada principal habían
sido violadas. 

Posteriormente, al revisar las instalaciones, notaron que varias computadoras,
escáners, grabadoras y demás equipo de trabajo había sido robado. Este
equipo contenía información confidencial, estudios e investigaciones
diversas, al igual que de números de contacto y directorios de medios de
comunicación; en suma, información fundamental para una agencia de noticias.
Así mismo, la oficina de la directora Lucía Lagunes y la correspondiente a la
administración fueron intervenidas. Allí sustrajeron dinero en efectivo y
destruyeron documentos administrativos.

Ante este agravio, las y los integrantes de esta organización presentaron el
lunes 28 de julio la denuncia correspondiente ante la Agencia 6 del Ministerio
Publico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mismo que
inició la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/1195/08-07.

Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado demandamos a las
autoridades conducir una investigación efectiva y adecuada, identificar a los
responsables y establecer el móvil crimen.

Tal como lo establece el principio 9 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, las agresiones, amenazas y destrucción material de los
medios de comunicación "vulneran los derechos de las personas y coartan
severamente la libertad de expresión." Por ende, resulta de vital
importancia que los responsables sean sancionados.

En cambio, que estos hechos permanezcan en la impunidad contribuirá a engrosar
la de por sí ya larga lista de asuntos pendientes en materia de libertad de
expresión y derecho a la información, así como el clima de hostigamiento a
organizaciones de la sociedad civil que trabajan y promueven derechos humanos.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra solidaridad con las y los
colaboradores de Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC) y
hacemos un urgente llamado a las autoridades competentes de la Ciudad de
México para que cumplan con su obligación de investigar y, en su momento de
manera inmediata y eficaz y castiguen a los autores responsables intelectuales
y materiales de los hechos.

Organizaciones firmantes:

Artículo 19 Sección México
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas A. C.
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo
(ANEC)
Cauce Ciudadano A.C.
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Centro de Formación e Investigación Municipal, A.C. CEFIMAC (Quintana Roo)
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolome Carrasco Briseño"
A.C.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)
Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer (CLADEM)
Convergencia de Organismos Civiles A.C.
Comité Cerezo México
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina CIDHAL A.C
Coordinación Nacional del Frente Autentico del Trabajo
DECA Equipo Pueblo A.C.
Grupo de Estudios Ambientales, A.C.
Fundación Manuel Buendía
Fundación Rory Peck
FUNDAR Centro de Análisis e Investigación
Infancia Común A.C.
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C., INCIDE Social
Marcha Mundial de las Mujeres
Milenio Feminista
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The Failings of Chile’s Education System: Institutionalized Inequality and a Preference for the Affluent

While the structure of Chile’s elementary and secondary education has changed considerably since the demise of the Pinochet dictatorship, the Chilean system is currently undergoing intense scrutiny due to the recent mass student protests against President Bachelet’s proposed 2006 education policy, Ley General de Educación (LGE). This General Education bill promises to eliminate discriminatory admissions policies at Chile’s primary, secondary, and tertiary education levels, and establishes a National Education Council to further advance school autonomy away from state control. However, teachers and students continue to oppose the LGE for its failure to reform the government’s basic financial strategy in order to abet a healthier and more equitable educational system.

What President Bachelet Hoped to Accomplish
Chilean education offers inherently unequal opportunities for students from low-income families, who consistently experience sub-standard educational achievements as a result of an ongoing bias in favor of privatization measures. The government’s school voucher program has not only exacerbated the socioeconomic divide between public and private institutions, but has also ensured that wealthier students have access to quality education, which guarantees their advancement to universities and a choice of careers. Although President Bachelet’s educational reform is intended to alleviate certain discriminatory practices that prevent low-income students from entering institutions of higher learning, the continuation of Chile’s market-based strategy for school financing will almost certainly guarantee existing inequalities.

Reforming Chile’s Education System: The Bachelet Government involved in a Fretful Struggle

Elitism To Its Core
In 1973, the newly-installed General Pinochet dictatorship established a style of education management in which decisions regarding 80 percent of Chilean schools were determined by the central government in such categories as educational finance, teacher salaries, employment, and curriculum standards.¹ However, in the aftermath of the 1980s financial crisis, two important reforms changed the nature of Chile’s education system. The first of these revisions involved the decentralization of education, which transferred the management of local schools to municipal governments. Three types of schools were established during this transition: municipal, government-funded public schools; private schools subsidized by the government; and private, fee-paying schools. Yet, despite the reduced federal intervention in local education institutions, Chile’s decentralization measure resulted in an 18% drop in federal spending on education throughout the 1980s.² Due to this substantial reduction in government support, municipal governments began to fund these institutions from provincial budgets. This new funding procedure subsequently triggered a divide in the quality of education between wealthier municipalities, which could afford to extend a substantial part of their budget toward schools, and poorer municipalities, which suffered the consequences of a fast withdrawal of federal funding.

Privatization of the school system in Chile represents the second major reform. This important piece of legislation established a voucher-type government subsidy available for use in both private and public municipal schools, which are distributed in numbers directly proportional to the size of a school’s enrollment. Government-provided vouchers have encouraged private schools to enter the education marketplace in order to compete for government funding alongside municipal educational institutions. By establishing market competition, the privatization policy was intended to “weed out” inefficient and disorganized schools as students, aided by readily-available voucher subsidies, gravitated toward institutions that would provide a better education. Studies conducted after the introduction of school vouchers noted a relative boom in private education, with a major increase in the number of for-profit schools as well as student enrollment in these schools.³ For example, prior to the 1980 privatization reform, approximately 80 percent of Chilean students attended public schools,⁴ whereas data following the reform shows a 22 percent decrease in public school enrollment by 1997. In this same period of time, private school student rosters rose to over 40 percent.⁵ In addition to providing monetary incentive for schools to improve their quality of education, the privatization reforms served to equalize educational opportunities for lower income students, who ordinarily could not afford the exorbitant school fees demanded by privately-funded educational institutions.

The Problem with Privatization
Despite the government’s ostensible goal in equalizing the quality of education for students across economic lines, three discernible types of inequalities have emerged in its wake: stratification and inequality in access to private education, substantial differences in the quality of education received, and unequal opportunities for students pursuing higher education.

The introduction of education vouchers has produced an increasingly stratified school system in Chile on the basis of socioeconomic status. Unrestricted school choice in Chile has exacerbated stratification within the Chilean school system rather than provide more opportunities for low-income students to access better schools. Although such students now have the ability to apply to private institutions, two factors have prevented them from gaining equitable access to these schools. Low-income students suffer from a lack of information concerning school choice. They also rarely have the necessary means of transportation to attend private schools in urban areas.⁶ Stanford’s Martin Carnoy, in his article, National Voucher Plans in Chile and Sweden, attests that despite the equal opportunity vouchers, “Less-educated families are less able to search out and use information on the quality of educational alternatives…Because wealthier parents transport their children to a wider range of schools locations, the same voucher for all means more restricted access for the poor.”⁷

As a result of these educational vouchers, the school system has become increasingly stratified due to “creaming,” in which private institutions have enacted selective admission policies designed to accept only the “cream of the crop.” These discriminatory policies have resulted in a sorting effect, in which higher income students have migrated in large numbers to subsidized fee-based private schools, while lower-income students remain entrapped in municipal public schools.⁸ A statistical study conducted by Gregory Elacqua, professor and researcher at the School of Government at Adolfo Ibañes University, found in 2003 that public schools are more likely to accept disadvantaged student populations in comparison to private institutions. Elacqua’s study concludes that private subsidized schools serve an average of 7 percent less disadvantaged students than municipal schools. Catholic voucher schools were found to be even more discriminatory, admitting an average of 12 percent less vulnerable students than public schools.⁹ This finding is consistent with studies by other researchers, such as Chang-Tai Hsieh and Miguel Urquiola, and Varun Guari in his book, School Choice in Chile: Two Decades of Educational Reform (1998). As private school enrollment is routinely filled by high-income students, a tendency exists to push low-income students to gravitate toward poorly-financed municipal public schools. A recent study of municipal public school enrollment by Ann Matear, professor of Latin American Studies at the University of Portsmouth, showed that 80.9 percent and 72.1 percent of Chile’s primary and secondary public school populations respectively, were from the lowest five income deciles in the country.¹⁰ Creaming continues to be a persistent problem within Chile’s school system. Voucher subsidies have created a sorting effect within the education system rather than extend opportunities to poorer student populations.

Purchasing a Quality Education
In addition to the increased stratification of schools along economic lines, fee-based private schools have other distinct advantages over government-subsidized schools. The high income levels of its student populations afford fee-based private schools the ability to maintain highly-qualified teachers and provide extra resources, while government-funded institutions normally must settle for inadequate supplies and inferior teachers. Chang-Tai Hsieh and Miguel Urquiola’s 2006 study entitled, “The Effects of Generalized School Choice and Stratification,” states that,

[The] transfer of students [to private schools] was accompanied by a large allocation
of resources towards private schools…the 20 percentage point enrollment shift means that a corresponding percentage of the Ministry of Education’s school-related operation expenditures were reallocated to private schools.

The study cites a 20 percent drop in the number of public school teachers,¹¹ demonstrating the considerable resource inequality between public and private institutions.

The Nuts and Bolts of the Educational Experience
The disproportionate supply of teachers and resources in Chile’s schools has adversely affected the quality of education received in municipal public schools. Researchers have explored the relative differences in teaching outcomes through the use of SIMCE test results (see Carnoy 1998, Mizala and Romaguera 2000, Hsieh and Urquiola 2006, Matear 2006). SIMCE, the national assessment system of learning outcomes, was developed in 1988 in order to monitor and refine education policies and set goals for improvement. Results from SIMCE show distinct differences in the average scores between private and public schools. While eighth grade test results from 2000 for public municipal schools showed an average test score of 60.5 (out of 100), subsidized private schools produced an increased score of 67. Fee-paying private schools had the best scores of the three, achieving an average score of 80, nearly 20 points above municipal scores.¹² Private educational institutions have steadily maintained elevated test scores while municipal schools have failed to achieve significant improvement in SIMCE test results, supporting the notion that municipal schools have access to significantly poorer learning materials and inadequately trained teachers.

Despite the fact that the Chilean government increased subsidies and allocated additional funds toward public municipal schools through its Educational Quality Improvement Program (MECE) in the early 1990s, Ann Matear reiterates that, “children from well-off families who attend private schools learn most and achieve the highest scores, and…low-income children attending municipal or subsidized private schools present the lowest levels of educational performance.”¹³ Municipal school students continue to suffer from inadequate educational training for the SIMCE tests, driving these schools to take risky and questionable measures to improve their results in order to gain funding. For example, media exposure in June 2008 revealed that municipal schools attempted to skew the results of the 2007 SIMCE test by asking below-par students to remain home on the day of the test.¹⁴

As municipal schools experience increasing pressure to compete for funding through the 1980 privatization reform, they have taken rash measures to obtain the necessary financing for additional teachers and supplies. Low SIMCE scores show there is a desperate need to help municipal schools achieve better results. However, increased competition for funding may hurt, rather than help, these schools to provide a quality education.

The obvious inequality in teacher supply and student resources differentiates public from private education and reveals a direct correlation with the level of student achievement. A study conducted by Florencia Torche, associate director of the Center for the Study of Wealth and Inequality at Columbia University, showed that while 95 percent of children in the wealthiest income quintile completed secondary school in 2000, only 30 percent of children in the poorest income quintile completed the same level of education that year.¹⁵ This has important consequences for students attempting to gain entrance to Chilean universities. Research conducted by Matear indicates that universities typically accept a larger percentage of students from private institutions than from municipal public schools. For example, an analysis of student backgrounds at the Universidad de Chile, showed that 50.8 percent of the admitted students were educated in the elite private schools, while a mere 27 percent came from municipal institutions.¹⁶ Additionally, of the students attending Pontificia Universidad Catolica (PUC), the most prestigious university in Chile, over 70 percent came from private schools, 14.3 percent from subsidized private schools, and only 15.1 percent from municipal schools.¹⁷ These statistics show that low-income municipal students often do not have equal access to tertiary institutions due to the poor level of education offered by the rank-and-file of Chilean public schools.

Ley General de Educacion (LGE)
LGE is a reform package that includes many measures designed to regulate the effects of privatization, including the redistribution of government funds toward public schools and the creation of a Quality Assurance Agency to monitor any evidence of discriminatory selection processes within fee-based private schools and universities, as well as unequal test scores between high-income and low-income students. Other provisions of the LGE legislation set higher standards for persons wanting to open subsidized private schools, establish a National Education Council to replace the Superior Education Council created under Pinochet, and fix a four-year deadline for educational administrators to declare their institutions non-profit. Proponents of the LGE bill insist that these revisions will eventually curb the negative effects of privatization.

Student Leadership Speaks Out
Despite the best of intentions, the promotion of the LGE bill in 2006 sparked intense protests among Chile’s student and teacher populations. Students claim that privatization is the real enemy due to its failure to eradicate the profit-based nature of the education system. Despite President Bachelet’s commitment to eradicating Pinochet-era education policies (such as the Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) which effectively decentralized schools), her recent LGE